“DIME CON QUIEN ANDAS Y TE DIRE QUIEN ERES”

LOS NEGOCIOS DEL INVAP



INVAP ha recibido durante muchos años un trato privilegiado del estado argentino, a pesar de incurrir en una serie de emprendimientos riesgosos, que generaron enormes gastos públicos y lo que es aun mas grave “produjo una serie de conflictos a nivel nacional e internacional”.
Uno de los conflictos, que termino en escándalo internacional, comenzó en el año 1990 con el gobierno iraní, al suscribir un “acuerdo de transferencia nuclear por U$S 500 millones” (1).
Dicho Acuerdo despertó muchas sospechas a nivel internacional. En realidad, ya se había firmado casi en secreto en el año 1987, un convenio en el cual INVAP realizaría modificaciones en un reactor experimental y la provisión para ese de uranio enriquecido (2).
Cuando finalizo el conflicto bélico con Irak en 1988, Irán retoma las negociaciones con nuestro país.
Es entonces cuando se hace sentir la presión de los EE.UU. para evitar nuevos envíos a Irán. Así en enero de 1992, en el puerto de la ciudad de Campana Pcia de Buenos Aires, se detiene el primer embarque de maquinas, herramientas y tuberías “de uso dual” – es decir que pueden ser utilizadas para usos pacíficos y militares – destinado a una planta piloto para la purificación de uranio y fabricación de combustibles (3).
En 1995 el director de Middle East Data Proyect, Kenvath Timmerman, da a conocer un informe donde figura que en 1989 INVAP firma un contrato por U$S 18 millones con Irán para construir instalaciones sin salvaguardas para procesar uranio.
El objetivo era procesar combustible para un reactor que Irán había adquirido en China y que fue reacondicionado y reprocesado para la obtención de plutonio (4).
La suspensión de los contratos nucleares con Irán ha sido relacionado recientemente con los actos terroristas ocurridos en 1992 a la Embajada de Israel y en 1994 a la AMIA en Buenos Aires. La información señala que los atentados fueron originados por os servicios secretos iraníes, en represalia por el incumplimiento argentino de contratos de transferencia de tecnología nuclear (5).
En 1991 por presión de otros países, la Argentina desistió de las operaciones, que sin duda debe haber disgustado al país comprador (6).

INVAP se vio obligada a revisar varios de sus negocios en marcha, ya que la mayoría de los países con los que tenia relaciones comerciales eran árabes. Así tuvo que cancela un contrato con Siria por la venta de un reactor nuclear.
INVAP, al verse obligada a suspender sus contratos le reclamo de resarcimiento económico al estado nacional, por haber perdido los U$S 18 millones.
En un informe esta empresa declaraba “ante la decisión del PEN de cancelar/suspender los contratos con la Republica de Irán, INVAP ve repentinamente amenazada su existencia” (7).
El Gerente General de la empresa, SR Héctor Otheguy, comenzó una fuerte operación de lobby- es lo que mejor realiza especialmente cuando la situación es muy confusa o muy resistida y en muchos aspectos contrarias a la legalidad- en el Parlamento Argentino.
Con éxito, Otheguy logro una condonación para INVAP de deudas impositivas para recuperar los importes de los contratos caídos por su fracasada venta a Irán.
Asimismo el Estado Nacional tambien debió negociar una indemnización con Irán.
El INVAP siguió insistiendo en vender tecnología nuclear sensitiva a países con serios conflictos internacionales, así luego de fuertes presiones internacionales fue suspendida una venta de un reactor a Siria. En ese entonces nuestro país acababa de sumarse como “miembro pleno del Tratado de no Proliferación Nuclear”.
Al cerrarse el camino para vender tecnología nuclear sensitiva para el posible desarrollo de artefactos nucleares, INVAP sumo todos sus esfuerzos a la venta de los reactores “CAEM” (kilowatios limpios), que en la actualidad se ve desbaratada por la decisión de la Justicia Federal, amparándose en el articulo 41 de nuestra Carta Magna, que prohíbe el ingreso de todo residuo radiactivo al territorio nacional.

ESCÁNDALO EN SAN RAFAEL, MENDOZA

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) no se presentó a la audiencia pública en que debía defender su proyecto para remediar la mina de uranio de Sierra Pintada.

CNEA solo incluía remediación inicial cuando la sociedad civil exige remediación total y cierre definitivo.

Más de 400 personas reunidos en el teatro Roma de San Rafael continuaron la audiencia pese a la ausencia de CNEA.- al leerse un pedido de la multisectorial de remediación total y cierre definitivo, todo el auditorio se puso de pié y aplaudió durante 10 minutos.

Richard Schkop, presidente de la Multisectorial del Sur, sostuvo que este masivo rechazo "explica porqué la CNEA no quiso presentarse.- sabían que la gente quiere la remediación total y el cierre definitivo de la mina de uranio".

En la audiencia expuso el dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, quien consideró que "el masivo rechazo de la concurrencia a la remediación parcial de la mina es una señal contundente.- la gente sabe que remediar menos del 4% de todo el uranio que hay en la mina, como lo propone CNEA, es un acto cosmético para luego reabrir sierra pintada.- por eso aplaudieron durante 10 minutos la propuesta de remediación total, y el cierre definitivo de la mina".-

Córdoba (Córdoba) y San Rafael (Mendoza), 19 de febrero de 2007.- La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una organización miembro de la RENACE, indicó que este fin de semana "se produjo en San Rafael un hecho inédito a nivel nacional que demuestra la falta de respeto de CNEA por la gente, porque no se presentó a la Audiencia Pública donde tenía que defender su proyecto para remediar la mina de uranio de Sierra Pintada, y reducir así la contaminación producida por sus depósitos". Unas 400 personas esperaron en vano la presencia de los técnicos y profesionales de CNEA. La Multisectorial del Sur, entidad que reúne a 38 organismos de la ciudad de San Rafael, recordó que el proyecto de CNEA "solo incluye remediación inicial cuando la social civil exige remediación total y cierre definitivo". El encuentro se concretó en el Teatro Roma de San Rafael. Su ingreso estaba tapizado de pancartas que exigían "cierre definitivo de la mina", "agricultura sin uranio" y "remediación total sí, reapertura no". Un gigantesco cartel que decía "No a la mina de uranio" pareció anticipar el espíritu de la audiencia, que se pronunció masivamente contra la reapertura de Sierra Pintada.

Más de 400 personas reunidas en el teatro Roma de San Rafael permanecieron en sus asientos mientras protestaban contra la falta de seriedad de CNEA tras conocer que no se presentaría. Cuando Richard Schkop de la Multisectorial del Sur leyó el documento de queja por la ausencia del organismo nacional, y recalcó que la remediación debía ser total y el cierre de la mina definitivo, todo el auditorio se puso de pié y aplaudió durante 10 minutos. Richard Schkop, presidente de la Multisectorial del Sur, sostuvo que este masivo rechazo "explica porqué la CNEA no se quiso presentar. Sabían que la gente quiere la remediación total y el cierre definitivo de la mina de uranio, y no una remediación cosmética".

La Audiencia pudo continuar gracias a un pedido formal realizado por el Abogado Andrés Gil Domínguez . Este profesional, que es docente en derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Salamanca, logró que la provincia receptara las voces de todos aquellos que se habían anotado, y se las considerara prueba.

Pudo expresarse así la mayor parte de las casi 200 personas que se habían anotado para hablar. El Dr. Raúl Montenegro, que coordinó la revisión del estudio presentado por CNEA al gobierno de Mendoza, reseñó "los vacíos e imprecisiones" del informe de CNEA. Precisó que el informe "solo se refiere a una remediación inicial donde se trata menos del 4% de todo el uranio y radio que hay en la mina". Agregó que el estudio de CNEA "es ecológicamente pobre e incompleto, no hizo un estudio de la vida acuática, no estableció especies indicadoras para evaluar el impacto de la mina y omitió analizar, además de otros temas, las sustancias tóxicas presentes en la totalidad de la mina". Montenegro sostuvo que CNEA "no quiso admitir la evidente contaminación con uranio que sufrió y sufre el arroyo El Tigre aguas abajo de Sierra Pintada. En el agua se encontró hasta 75 microgramos de uranio por litro. Vale recordar que un agua con más de 10 microgramos de uranio por litro de agua no es apta para irrigación".

El Dr. Raúl Montenegro consideró que "el masivo rechazo de la concurrencia a la remediación inicial de la mina es una señal contundente. La gente sabe que remediar menos del 4% de todo el uranio que hay en la mina, como lo propone CNEA, es una excusa cosmética para luego reabrir Sierra Pintada. Por eso más de 400 personas aplaudieron durante 10 minutos la propuesta de remediación total, y el cierre definitivo de la mina".

La mayoría de los técnicos que participaron coincidieron en calificar el proyecto de remediación presentado por CNEA como "técnicamente poco serio, mal planteado y falto de rigor pues aborda una remediación inicial más pensada en la reapertura de la mina que en el tratamiento de todos los residuos". Asistieron, entre otros, Juan Schroeder, coautor del artículo 41 de la nueva Constitución Nacional; Enrique Merlo, en representación del Foro Ambiental de Ezeiza, quien reseñó la contaminación con uranio producida por el Centro Atómico en las aguas subterráneas de Ezeiza (haciendo entrega del informe Nº 7 de causa instruida); Javier Rodríguez Pardo, de Chubut, y José Vélez, del Foro Social del PRAMU.

José Vélez informó que el Foro Social del PRAMU "aceptó a la Multisectorial del Sur como miembro permanente" y que desde Córdoba "no solo trabajaremos para que se remedien la mina de uranio de Los Gigantes y los residuos ubicados en la planta de Dioxitek S.A., sino también Sierra Pintada. La remediación de Sierra Pintada debe ser total, no parcial, y el cierre definitivo. CNEA mostró, tanto en Córdoba como Mendoza, que nunca abordó seriamente el problema de los residuos radiactivos". Javier Rodríguez Pardo, de MACH, recordó que la movilización "debe continuar hasta que la mina sea remediada en un 100%, y se la cierre en forma definitiva". Juan Schroeder por su parte sostuvo que "las malas prácticas y la mentira han sido una constante en la CNEA". Schroeder es el artífice de la decisión judicial que le impide a INVAP ingresar residuos radiactivos procedentes de Australia. Enrique Merlo, enfatizo que además de que la CNEA no sabe que hacer con los residuos nucleares como esta comprobado en el “informe pericial Nº 7” de la causa instruida en el Juzgado Nº 1 de Lomas de Zamora, y como esta comprobado en las colas de mina en Sierra Pintada, ellos adecuan la realidad para no perder credibilidad internacional porque nacionalmente no la tienen de los ciudadanos. Instalan en toda su actividad la mentira. Además trazo una comparación entre la zona de Ezeiza y Sierra Pintada, donde en la primera tenemos valores de 56 microgramos de uranio y en plena cordillera de 70 microgramos, esto significa que la pampa húmeda se transformo en el segundo cordón cordillerano.

Paulina Martínez, abogada de la Multisectorial del Sur, indicó que la CNEA "estuvo rebelde en una audiencia pública cuya convocatoria fue validada judicialmente, lo que constituye una presunción de verdad para todo lo afirmado por los 180 oradores, que rechazaron unánimemente la propuesta presentada por CNEA".

Numerosos oradores cuestionaron duramente a la Subsecretaría de Ambiente del gobierno de Mendoza por "no haber advertido la falta de seriedad del informe presentado por CNEA" y su "sospechosa incompetencia para garantizar, previo a la Audiencia Pública, el libre acceso a la información". Uno de los asistentes pidió incluso la renuncia del Subsecretario de Ambiente, Gustavo Morgani.

José Esaín, abogado de la Multisectorial, cuestionó jurídicamente la falta de acceso a la información con que se preparó esta audiencia, e indicó que aquello que CNEA llama pasivos ambientales "son en realidad activos que contaminan el ambiente en forma permanente".

Ricardo Stradella, de bodegas Bianchi, recordó que la producción de vinos, frutas y otros productos agrícolas "no puede ser amenazada por una mina de uranio que no deja ningún beneficio a la provincia, y que sí representa, en cambio, una amenaza permanente". Durante la Audiencia Ricardo Stradella leyó párrafos del artículo publicado por el Financial Times de Londres que analiza el temor de los productores de San Rafael ante la eventual reapertura de la mina. "Nosotros queremos más mercados abiertos a nuestros productos, no actividades que amenacen nuestras exportaciones", sostuvo.

Durante la Audiencia Pública hablaron numerosas mujeres que, invocando su condición de madres y la salud de sus hijos, pidieron "una remediación total y el cierre definitivo de la mina de uranio". Cada una de sus intervenciones fue seguida de fuertes y prolongados aplausos.

La Multisectorial del Sur, que fue junto a la comunidad de San Rafael la gran ganadora de esta Audiencia, sostuvo que "la voz de 180 oradores le dijo sí a la remediación total del predio y al cierre definitivo de la mina, y no al la remediación inicial e incompleta. A nuestro juicio el trámite administrativo iniciado por CNEA ante el gobierno se cayó. Ahora debe reiniciarlo con más seriedad y participación pero abordando la remediación total de Sierra Pintada".

La Multisectorial del Sur recordó que "debe hacerse una auditoría independiente del nivel de contaminación que produjo y produce la mina, y estar listos para vigilar en forma independiente la remediación total". Dos físicos de la Universidad Nacional de La Plata, la Dra. Judith Desimoni y el Dr. Leonardo Errico rescataron "la importancia de los estudios independientes". Anunciaron además que la Universidad Nacional de La Plata "está trabajando en el desarrollo de un laboratorio independiente que una vez equipado podrá hacer los estudios que hoy solicitan los vecinos". Judith Desimoni y Leonardo Errico pertenecen al Grupo de Investigación y Servicios de Radiactividad en Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas (Universidad Nacional de La Plata).

La Multisectorial del Sur, a través de su abogada Paulina Martínez, hizo "reserva de acciones por daños y perjuicios a derechos subjetivos singulares y daño ambiental colectivo" e incluso "de acciones de tipo penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público". Al referirse a las acciones por daños y perjuicios indicó que se analizaría la responsabilidad personal de los funcionarios públicos "para que respondan con su propio patrimonio por autorizar actividades que pueden producir algún daño. Si los funcionarios tuvieran que responder con su patrimonio pensarían dos veces antes de autorizar proyectos mal planteados".